Municipio de San José, Guatemala, exige pago por US4,2 millones.
Abogados de APM Terminals, mayor accionista de Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ)- Guatemala-, realizan un análisis jurídico sobre la legalidad de pagar una licencia de construcción de US$4.236.478 que le exige la Municipalidad de San José, Escuintla, consignó El Periódico.
La vicepresidenta de APM, Susanne Marston, aseguró que el monto de la licencia es “elevado” y que el pago del permiso podría llevar a la “bancarrota” a la empresa debido a que la inoperatividad de la misma les ha ocasionado una situación financiera crítica, y, además, la maquinaria se ha empezado a corroer al estar en desuso.
“Estamos sorprendidos por el gran monto de este permiso. Consideramos que es un monto elevado; no podemos decir si es ilegal, por eso estamos haciendo un análisis”, sostuvo Marston.
La ejecutiva de APM agregó que la empresa está pendiente de pagar US$126 millones en préstamos que financiaron la construcción.
Debería pagar
De acuerdo con el comisionado presidencial de Puertos y Aeropuertos, Enrique Godoy, el pago de la licencia se debió autorizar previo a que se iniciara la construcción de TCQ en las instalaciones de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ). Agregó que APM está obligada a pagar, pero se debe calcular sobre el terreno que ocupa la obra y no solamente hacer “un cálculo al aire” basado en lo que se ha invertido.
El Artículo 147 del Código Municipal establece que los parcelamientos y otras formas de desarrollo urbano o rural que pretendan realizar o realice el Estado, así como personas individuales o jurídicas, deberán contar con una licencia municipal.
Según el contralor general, Carlos Mencos, la comuna de San José tiene la potestad para cerrar temporalmente la obra de no hacerse efectivo el pago. Un eventual cierre de TCQ impediría continuar con el embargo judicial en el que actualmente se encuentra, explicó el interventor de la empresa, Alexander Aizenstatd.
Agilizar la construcción
En el memorándum de entendimiento firmado el pasado 6 de septiembre por la EPQ, APM y la Corporación Financiera Internacional (IFC, en inglés) se condiciona a los accionistas a agilizar la construcción de las fases 2 y 3 de TCQ, para que al término de 21 años la maquinaria pase a manos del Estado. La primera fase de la terminal portuaria se encuentra finalizada.
Antes de ello, el presidente Jimmy Morales deberá presentar una iniciativa de ley para que el Congreso otorgue una concesión directa de TCQ a la empresa APM. También se deberá declarar la nulidad absoluta del usufructo oneroso, concedido supuestamente de forma anómala, durante el gobierno de Otto Pérez Molina.
Fuente: Mundo Maritimo
